Artículo publicado en el periódico El Día (21 de octubre 2008)
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M. GÓMEZ, La Laguna
La Universidad de La Laguna (ULL) espera contar antes de que concluya este curso con un servicio de inspección que garantice que la actuación de profesores, alumnos y personal de administración y servicios se ajusta a la normativa, una herramienta de la que actualmente disponen 12 instituciones académicas españolas. Cabe prever que, al dotarse de este servicio, el número de expedientes que en este aspecto tramita la ULL se incremente, dado que actualmente -en el caso del profesorado- es necesaria la presentación de una denuncia para que el procedimiento se active.
Durante el pasado curso, seis personas fueron objeto de expedientes por parte de la Universidad. Tres de ellos -cuyos procesos ya han finalizado- eran componentes de la plantilla administrativa y de servicios, dos eran docentes y uno alumno. El procedimiento de estos tres últimos afectados sigue su curso en estos momentos, según informó ayer el rector de la institución, Eduardo Doménech, quien, junto a la vicegerente del centro, Soledad Muñoz, presentó las VIII Jornadas de Inspección de Servicios, que reunirán el jueves y viernes en la ULL a representantes de 26 universidades españolas.
El servicio de inspección del centro tinerfeño será de carácter "profesionalizado", pues a su cargo no se encontrará, como en otras universidades del país, un profesor, sino un inspector designado directamente por el rector. Para que las intenciones del equipo directivo de la ULL pueden materializarse es necesario previamente que el Gobierno canario apruebe la reforma de su relación de puestos de trabajo.
Actualmente, la instrucción de los expedientes relativos al profesorado corresponde a un docente, lo que, relató Doménech, supone una "dificultad", ya que, "aunque se busca a enseñantes que impartan disciplinas ajenas" a la del investigado, "es una propuesta que suelen rechazar".
No obstante, el caso del estudiantado suele resultar "el más complejo", señaló el rector. En esta línea, la vicegerente recordó que el régimen disciplinario de los alumnos se rige por un real decreto de 1954, y que la legislación universitaria posterior -la LRU de 1983 y la vigente LOU- "no han afrontado" la reforma de este aspecto. "La LOU sí ha establecido un catálogo de los derechos de los estudiantes, pero no entra en el de sus deberes", indicó Muñoz, que coincidió con Doménech en reclamar al poder legislativo que aborde esta cuestión.
Respecto a la posibilidad de expedientar a 60 estudiantes que no desalojaron en el plazo marcado los colegios mayores -avanzada por la vicerrectora de Alumnado-, el rector de la Universidad de La Laguna apuntó que "aún se está recabando información" y que, cuando se haga, se tomará una decisión al respecto.