Podemos felicitarnos, pues desde hace mas o menos un mes  la ULL cuenta con un Servicio de Prevención de riesgos laborales propio;  ¿y eso que es, para que sirve; mejor dicho, como nos va a servir?, nos preguntamos todos ya que aún no nos lo han explicado, pero ya se sabe, en esta empresa las cosas de palacio (léase Rectorado) van despacio. Y tan despacio…., les cuento:

El Servicio de PRL  es un órgano técnico de gestión de la prevención de R.L. del cuál la ULL venía obligada a disponer por la Ley 31/95 de Prevención de R.L. desde el año 1998; la ULL  incorpora en la RPT  en el año 2002 dos plazas de técnicos para ese Servicio y éste es finalmente constituido en el 2008. Diez años de incumplimiento flagrante de una ley que en su articulado se define como constitutiva del cuerpo legislativo básico de orden laboral, es decir, su incumplimiento ha sido de una gravedad equivalente (desde el punto de vista del Derecho laboral) a que hubiésemos estado trabajando todo ese tiempo sin un contrato laboral que nos vinculara a la empresa, por ejemplo, pero de una gravedad mucho mayor desde un punto de vista ético o moral (como se prefiera) puesto que estamos hablando de la seguridad y la salud de las personas; podemos decir que hemos padecido tres rectores (incluido el actual, en la cuota temporal que le corresponda a cada uno) con  responsabilidad administrativa, y presumiblemente civil y penal sobre cada uno de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en la ULL en ese periodo, que no han sido pocos, se los puedo asegurar.

También debemos computar, para ser justos, la  irresponsabilidad manifiesta de los órganos de representación de los trabajadores (PAS y PDI) a la hora de velar por los derechos de los trabajadores en este campo, no exigiendo el cumplimiento de la legislación vigente sin demoras. Creo que es significativo (el lector lo valorará como crea conveniente), que si bien las plazas de los dos técnicos (laborales) salen a concurso en el periodo en que el Comité de Empresa es presidido por Suso ‘El Breve’, en el largo periodo anterior a éste (5 años a contar desde 2002), bajo la presidencia de Blas ‘El Eterno’ la constitución del Servicio de PRL  permanece bloqueada al no realizarse los concursos, mientras la empresa percibe la dotación económica de esas  plazas en un periodo en que las cuentas no salen para pagar los complementos retributivos al PDI: que cada uno saque las conclusiones que considere oportunas, es decir, las obvias. Un dato, por si ayuda: creo que fue en el año 2004, siendo yo delegado de prevención, promoví junto con una compañera con igual cargo una denuncia a la ULL ante la Inspección de trabajo relativa al incumplimiento de la Ley de Prevención de RL, denuncia que finalmente fue firmada por todos los delegados de prevención y los respectivos presidentes de los órganos de representación del PAS y PDI, pues bien, recuerdo  que en esa ocasión se me hizo saber a través de un ‘mensajero’ que Blas Parrilla, a la sazón, presidente del Cté. de Empresa, no consideraba oportuno el que se presentara tal denuncia, pues podía suponer una sanción económica a la ULL en un momento de penuria presupuestaria. Yo quedé  con la conciencia doblemente tranquila, pues había cumplido, promoviendo la denuncia, con mi obligación para con los trabajadores en la responsabilidad que conllevaba el cargo, y además, la Inspección de trabajo no impuso sanción alguna, supongo  porque en aquellos tiempos, prácticamente toda la administración y la empresa pública incumplía ampliamente la Ley de Prevención de RL. ¡Qué farsa¡.

Bien; esta puesta en antecedentes, no tiene otro objetivo que dar a conocer el pasado para así mejor comprender el presente y prever el futuro.

Decía al principio de este comunicado que podemos felicitarnos por la creación del Servicio de PRL en la ULL, pero cuidado, con los antecedentes expuestos podemos encontrarnos con nuestro gozo en un pozo, o lo que es lo mismo, con una estructura organizativa para la prevención formalmente instaurada y burocratizada, pero sin eficacia real, es decir, sin una mejora evidente en nuestras condiciones de seguridad y salud en el puesto de trabajo.

Esa mejora tangible sólo será posible si se da otra circunstancia: que el Rector y su equipo de gobierno quiera realmente que se haga prevención de los riesgos laborales. El historial de rectores de la década analizada, nos informa que ninguno ha tenido  interés  en ello. Sobre el Rector actualmente vigente, sirva de muestra el siguiente dato: mientras  hace ya bastantes años, el presidente de la  multinacional química norteamericana DuPoint le decía a la Junta de accionistas lo que sigue: ‘to invest in the safety of our workers is a good business’ (invertir en la seguridad de nuestros trabajadores es un buen negocio); aquí, nuestro Exmo. y Mgfco. hace pocos meses presentaba un informe al Claustro en el que se podía leer (no literal): que el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales suponía un ‘peligro’(este término es literal) porque implica un aumento del gasto.¡más claro imposible!. No me parece una declaración ni magnífica ni excelente para el futuro de la prevención en esta Casa, sino todo lo contrario; como dice un compañero, esta empresa se parece en muchas ocasiones a la ferretería de la esquina del barrio.

Compañeros (y me refiero a todos, PAS y PDI), no nos quepa duda alguna de que si queremos una mejora sustancial de nuestras condiciones de seguridad y salud en el trabajo, deberemos conquistarla, con nuestra lucha, con nuestro empeño decidido: exigiendo del equipo rectoral un compromiso público claro al respecto, un Servicio de prevención bien dotado de personal y medios (el que tenemos ahora es la expresión mínima exigida por la  legislación y claramente insuficiente-valga la comparación con otras universidades-), una dotación presupuestaria suficiente, una integración de la actividad preventiva en toda la estructura organizativa de la empresa; y también exigiendo a nuestros órganos de representación una voluntad decidida en la consecución de esos objetivos.

Compañeros, en ello nos va el trabajar en condiciones dignas, la salud y en algunas ocasiones, incluso la vida.

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